Escrito por: Susi Pola (susipola@gmail.com)
El anuncio del discurso del presidente, posterior a una reunión con su gabinete económico, para establecer reglas de austeridad que hagan posible enfrentar la crisis económica global, con impacto de dimensiones aún desconocidas para nuestro país, ha movido la suspicacia nacional. El recelo viene por la indefensión aprendida.
Entendiendo poco de “macroeconomía”, el pueblo llano sabe moverse en las estrecheces y hace tiempo se dio cuenta que recortar el gasto público para reducir el déficit, suele producir una caída más rápida de la economía porque es ese mismo pueblo, cuando puede, el que mueve la economía nacional.
Si hubiera la voluntad necesaria, hay de sobra por donde recortar sin lesionar en demasía a ningún sector y satisfaciendo al conjunto nacional, porque en este país hay dinero, pero despilfarrado en áreas personales.
Parece relativamente sencillo analizar los problemas de la gestión pública, siempre referidos a la ineficiencia del gasto, falta de prioridades políticas, comportamiento de políticos y burócratas y en general, poca sensibilidad de quienes administran el Estado y de quienes aspiran a hacerlo. (Los 30 millones, por ejemplo, gastados en la convención interna del PRD, es pecado mortal y social).
El famoso gasto público, debiera aplicarse para que rinda y produzca. Es vital crear empleos para movilizar la economía y producir la gratificación de quien trabaja y gana, lo que eliminaría la dependencia que vulnera a las personas frente a las calamidades. Es indispensable motivar al ahorro de todo tipo, energético y personal ya que vivimos en el derroche empedernido, empezando por las personas funcionarias y con puestos políticos, convertidas en malos ejemplos. Es necesario facilitar el crédito y reducir el comportamiento especulativo de la banca nacional privada y hasta la pública. Y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las clases populares que son las que gastan aquí.
Todo esto, parece posible si se toman medidas como: ajuste y congelación de los salarios de funcionarios/as, bajándolos a un monto no mayor de cien mil pesos para todos/as, teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive robando al Estado dominicano y que, con esa cantidad, cualquiera vive “dignamente” y aumentando así, los salarios mínimos de hambre del común de trabajadores/as. Recortando dietas, viajes, asignación de vehículos, telefonía celular, cuota de subempleos personales a burócratas, militares y policías de rango, y muchos etcéteras harto conocidos.
Al final, hay ajustar empezando por arriba.
¡Eso si, poniendo a funcionar la normativa de la transparencia y aplicándola de una vez!
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