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Desde el punto de vista de la teoría democrática, nuestra democracia parece ser una paradoja.
Esto así, puesto que en lo aparente en el caso dominicano el fortalecimiento del sistema institucional electoral (entendiendo como tal no sólo a la JCE, sino a los propios partidos como aparatos burocráticos e incluso al propio Poder Ejecutivo y el Congreso) corre parejo con un creciente debilitamiento de la construcción de ciudadanía, pues ésta ha sido sustituida por el clientelismo de estado como la base y fortaleza de la legitimidad del orden político.
Los electores dominicanos, como indican las encuestas que periódicamente se ven en los medios y estudios como DEMOS y LAPOP atestiguan, no tienen confianza en los partidos, pero se apoyan en ellos.
El punto crucial aquí es que la gente se vale de los partidos no tanto ni en cuanto son sus clientes, sino a consecuencia de su condición de ciudadanos precarios, que los conduce a ejercitarse como clientes en la arena política.
Al quebrarse en los noventa la unidad del Estado Desarrollista con su gran poder de intervención y control de la economía, se ha fortalecido un Estado Rentista que autonomiza el poder de la élite política respecto al poder empresarial.
Se ha robustecido así un presidencialismo neopatrimonialista, que ha conducido, entre otros de sus resultados, a un debilitamiento de los espacios de independencia de los poderes del Estado en beneficio del grupo o fracción que controle el Poder Ejecutivo.
Se trata, entonces, de una verdadera crisis de la política democrática, sostenida en el gran poder legitimante del Estado sobre la Sociedad que proporciona la clientilización de la relación de los ciudadanos precarios con el poder estatal.
Esta crisis es mucho más grave si se toma en consideración que el corporativismo empresarial no tiene claridad de propósitos estratégicos frente al Estado-Nación y su poca capacidad en el ámbito gerencial sucumbe ante el poder de las fuerzas económicas de la globalización.
Al mismo tiempo, en el mundo del trabajo se aprecia una significativa precarización de los niveles de vida, unida a su dispersión política y corporativa que liquida su opción como sujetos.
En esas circunstancias, el propio empresariado es debilitado por tres vías:
1) el poder del capital transnacional que penetra y domina las fuerzas del mercado,
2) el enorme poder económico de la élite política en el Estado Rentista,
y 3) su corporativismo prebendalista que lo hace compromisario del manejo neopatrimonial del Estado, a través del sistema de favores, exenciones y privilegios que reclama como condición de su sobrevivencia en el contexto de la globalización.
En esas condiciones, la construcción de ciudadanía que debe sostener el Estado Democrático cede su puesto a la legitimación clientelista del poder de la élite política.
La agenda ciudadana se reduce así a las condiciones mínimas que le dan oportunidad a la prebenda como base del vínculo de los partidos con las masas.
Sin embargo, al tiempo que la clientela le genera lealtades y votos a los partidos, socava la base ciudadana de la democracia, sembrando la ilegitimidad del orden político ante las precariedades que al fin y al cabo sufren los clientes.
El orden político fundado sobre estas premisas puede permanecer un gran tiempo, pero es clara su debilidad y potencial de crisis, dado el debilitamiento institucional que provoca, la poca capacidad de respuesta que muestra el ciudadano, ante las carencias que observa en sus niveles de vida y ante el debilitamiento de las bases mínimas del Estado de Derecho en el que se supone se apoya la democracia dominicana realmente existente.
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