Joaquín Balaguer señaló la puerta de su despacho como el lugar donde se detenía en ese momento la corrupción. Trataba de presentarse como ente colocado por encima del bien y del mal. De Hipólito Mejía, se recuerda la desfachatez con que dijo que Silvio Carrasco “es mi amigo y se queda”, tras la denuncia de que ese funcionario financiaba con dinero del Estado un consumo personal de lujo.
En un ordenamiento en que el jefe del Estado es jefe de la Administración Pública, si el gobernante apaña la corrupción y protege a los corruptos, no es simplemente permisivo, es, sobre todo, culpable.
La declaración de que “sólo el Presidente de la República tiene la potestad de remover o nombrar funcionarios cuando lo considere”, por el hecho de que fue emitida en respuesta a una pregunta sobre las consecuencias que pueden tener las denuncias de que Héctor Rodríguez Pimentel, director del Instituto Agrario Dominicano, maneja a su antojo los fondos del Estado, revela que Leonel Fernández sigue la tradición de sus antecesores.
Sobran los calificativos.
El presidente Leonel Fernández confía en la eficacia del clientelismo, y esta práctica no tiene cabida en un esquema administrativo regido por la ética y en el cual los servidores tienen que demostrar capacidad y honestidad.
No hay que preguntar, pues, por qué reclama tan discutido derecho. No hay que preguntar tampoco por qué no reacciona ante la exhibición de opulencia que ofrecen los altos funcionarios, casi todos protegidos suyos, en una sociedad en la cual más de la mitad de los trabajadores perciben apenas el miserable salario mínimo de ley.
Pero no es la opulencia a la vista de todos la única manifestación de abuso que Leonel Fernández pretende disfrazar. En el mismo escenario en que defendió a Rodríguez Pimentel, calificó como " un hecho inaceptable" el asesinato del joven Abraham Morel por un cabo de la Policía el domingo 27 de junio, y dijo que los responsables deben ser castigados.
¿No es, acaso, el presidente de la República, en ejercicio de la potestad que él no reconoce como manifestación de autoritarismo, quien mantiene a un personero de la mal llamada mano dura al frente de la Policía Nacional? ¿No es disparar primero y averiguar después una práctica que nace de la aplicación de una política de Estado?
La afirmación de que los asesinos del joven deben ser castigados, va dirigida a atribuir responsabilidad sólo a quienes dispararon, liberando de culpa a quienes envían agentes a las calles con autorización para matar.
El presidente prefiere emitir frases hechas cuando se cometa un error al aplicar la política de coerción de clase, antes que detener la práctica de apuntar a los pobres.
¿Quién niega que apañar es ser culpable?
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