Los niveles de exclusión en que viven más de tres millones de personas no es posible reducirlos efectivamente con 750 pesos mensuales y raciones de comida entregados a personas en condición de desigualdad, hacinamiento, y que se cobijan en casas vulnerables, a expensas de lluvias y vientos.
SANTO DOMINGO.- Por este medio el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo reitera ante la opinión pública su planteamiento de que las políticas públicas implementadas para alcanzar el bienestar de la gente no están cumpliendo su tarea sino que continúan al servicio de una dinámica clientelar que contribuye al chantaje de la población que recibe la asistencia social.
En el Centro Montalvo estamos consientes de que existen condiciones de emergencia en las familias más empobrecidas del país, y de que esta necesidad marca la pertinencia de programas de asistencia. Sin embargo, no podemos olvidar que ese grado extremo de empobrecimiento ha sido el resultado de un proceso amplio de violencia estructural que ha marcado una desigualdad permanente y ha generado una deuda social que ha sido reconocida año tras año en sus discursos del 27 de febrero y 16 de agosto por el presidente de la República, Leonel Fernández.
Es más fácil y provechoso para los fines políticos promover y ostentar una inversión, como ha planteado el vicepresidente de la República Dominicana, Rafael Alburquerque, de RD$12,000 millones al año en los sectores de menos ingresos. En cambio, se trata de una dádiva que se ve en el corto plazo y que se presta al chantaje de la población que la recibe bajo la amenaza de que el programa terminaría si el partido de gobierno cambia.
Los niveles de exclusión en que viven más de tres millones de personas no es posible reducirlos efectivamente con 750 pesos mensuales y raciones de comida entregados a personas en condición de desigualdad, hacinamiento, y que se cobijan en casas vulnerables, a expensas de lluvias y vientos.
Si bien es cierto que los Comedores Económicos entregan diariamente alrededor de 250,000 raciones de comida, todavía existen 935,000 personas en pobreza extrema y más de 3 millones de pobres, según informa el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
No negamos que los alimentos lleguen a la población necesitada, sin embargo, la entrega diaria de alimentos tiene un carácter asistencial y apenas llega al 26% de las personas que son meta en este tipo de dádiva.
Con la entrega de subsidios a 529 mil hogares se mantienen la misma cultura de asistencia y clientelismo que venía a eliminar el gabinete que hoy ejecuta la entrega de lo que varios sectores han denominado como “la fundita electrónica”.
Este trabajo lejos de negarlo, lo hemos señalado en boletines de nuestro Observatorio, donde hemos abordado los montos invertidos en asistencia. Sostenemos que 750 pesos mensuales no contribuyen a desmontar todo el esquema de violencia estructural en que viven las familias empobrecidas que carecen de los servicios básicos, a sabiendas de que muchas de ellas se encuentran en constante peligro de muerte por la inseguridad de sus viviendas sobre terrenos altamente vulnerables ante las lluvias.
Nuestros estudios han mostrado que se trata a veces de familias de hasta 7 y 10 miembros, viviendo en cerros altos, cerca de cañadas no saneadas, a orillas del río o en zonas rurales recónditas dónde hay escuelas que apenas llegan hasta 4to grado de primaria. ¿Considera el gobierno que esta situación de exclusión, que se convierte en esa violencia que niega hasta el derecho a expresarse, se alcanza con el incentivo a la asistencia a una escuela que a veces no existe ?
Esos mismos programas mandan a llevar a niños-as al médico para prevenir enfermedades, sin embargo, el problema de la salud de las familias empobrecidas no es tanto de demanda de servicios sino de oferta. Nos preguntamos si los montos otorgados a las familias consignan la provisión de los materiales a los hospitales públicos, en un contexto en el que la inversión en salud nunca ha alcanzado el 2% del PIB. Se trata pues de un problema de implementación de la Ley 42-01, y de la 87-01.
Reconozcamos los errores, aceptemos que es una vergüenza que tantas personas vivan en la miseria. Miremos que cada gobierno ha repetido el mismo patrón de una inversión social baja, y ha mantenido políticas asistenciales que se prestan para el clientelismo y la construcción de obras no prioritarias que ignoran las necesidades de la población.
Reconociendo las ausencias y faltas graves, además de lo que creemos hacemos bien, estaremos entonces en camino de promover un gabinete social que actúe en virtud del objetivo de su creación, y preocupado por el diseño e implementación de políticas sociales integrales y universales. De este modo, esas políticas podrán devolver poco a poco a la población más excluida su derecho a ser parte de una sociedad sin opresión y su conciencia de ciudadano dueño de su participación política, social y económica, libre de chantajes y de manipulación.
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