Por: Pascual Ortiz
Santiago Rodriguez, San Ignacio de Sabaneta. Con la implementación del “nuevo Código Procesal Penal” (Ley 76-02). Se aseguraba que la administración de justicia, se encaminaría por un proceso de saneamiento. En todos los actores que intervienen en el sector del sistema judicial.
Se suponía que además, simplificaría los procedimientos y se terminaría con la mafia burocrática existente y garantizaría las soluciones de los casos de simples conflictos y reservarían para juicios aquellos casos que así lo ameritaran. Al mismo tiempo favorecería del poder judicial avanzar en la consolidación efectiva y jurídica de Jueces, Fiscales, Abogados/as, victimas, imputados/as y policías.
La experiencia que estamos viviendo en la provincia de Santiago Rodríguez, nos muestran que varios de los actores de la administración e implementación de la justicia, no están haciendo bien su trabajo. Más bien están obstruyendo la justicia e implementando una especie de juzgado paralelo. En Santiago Rodríguez, la implementación de la reforma se ha realizado en la construcción de edificios y el remozamiento de otros.
Conocemos de muchos casos que cuya sentencia se realizan en el palacio de la policía Nacional. Donde se evacuan sentencia económica en contra de personas envuelta en problema. Si usted no quiere ir a la cárcel de los condenado por un juez debe de pagar; por ejemplo: $25,000.00, $15,000.00, $11,000.100, $5,000.00, $3,000.00, etc., etc.…
Hay otro caso que se viene dando con los documentos de buena conducta. Sucede y está sucediendo que personas que van a buscar este documento, se encuentran con la información de que ese “documento tiene datos que no coinciden, faltan datos o ese documento tiene el nombre de otra persona”. Esto se está haciendo para que entonces “entren otros actores” y hacer un proceso de saneamiento y de vicisitudes legales inexistentes. Terminan las personas pagando un trabajo que realmente no se hace. Porque el documento realmente no tiene ningún problema.
Para poder darse esta situación se están poniendo de acuerdo varios atores; jueces, el ministerio público, la policía, secretaria/o y abogados/as. Donde se da un “juicio”, y aparataje de puro teatro. Esto para hacerle ver a las víctimas y sus familiares, que todo es real. Entonces, pagan los cuartos para poder obtener el documento, el dinero para sacar a su familiar o amigo/a del seguro encierro.
Se hace necesario una investigación y un pronunciamiento del procurador fiscal, de todos/as las/os actores de la jurisdicción penal de la provincia de Santiago Rodríguez, con respeto a estos casos y otros que conocemos. Ahí están los afectados/as, en nuestras comunidades de Santiago Rodríguez.
¿Es posible dar con los vagabundos que están haciendo estos actos de corrupción?
Es difícil, pero no imposible.
¿Quienes van a investigar estas denuncias?
¿Los atores del sistema judicial de Santiago Rodriguez.?
¿Quién podra defendernos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario