Yajaira Figari/Clave Digital
SANTO DOMINGO, DN.-La violencia contra la mujer y el abuso infantil constituyen uno de los más grandes desafíos de la salud pública, por las implicaciones que produce en el bienestar físico y psicológico de las víctimas.
En la provincia Santo Domingo, de acuerdo con la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, en el 95 por ciento de las denuncias procesadas, las víctimas de violencia física (que aborda la seducción, agresión, exhibicionismo, violación e incesto) son menores de edad.
En el caso de las mujeres, el 40.8 por ciento ha experimentado violencia física alguna vez por parte de su esposo o compañero y el 26 por ciento sufrió violencia emocional, según los resultados de la Encuesta Nacional Demográfica y Salud (ENDESA 2007).
Las redes locales brindan orientación y apoyo emocional a las personas que sufren maltrato físico y verbal.
Roberto Guzmán/Clave Digital
Al referirse a la problemática, la directora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), Lourdes Contreras, sostiene que el Estado ha alcanzado avances respecto al marco legal e institucional y la existencia de leyes que sancionan la violencia intrafamiliar, infantil y de género.
Sin embargo, explica que existen razones que impiden que esos avances se traduzcan en un impacto significativo para la lucha contra la violencia.
A su juicio, entre esas razones están el desconocimiento del rol de las instancias del Estado frente al problema, la falta de sensibilización y compromiso de los actores a la hora de prevenir y detectar la violencia, la fragmentación del sistema de prevención y atención y la inexistencia de políticas de capacitación continua en el enfoque de género y derechos humanos para el personal de salud y educación.
“La principal debilidad es el fraccionamiento y la incapacidad de conectarse entre ellos. La razón de esa incapacidad, a mi juicio, son los protagonismos institucionales”, afirma Contreras.
LOURDES CONTRERAS, Directora del CEG-INTEC El Estado ha fallado en no aplicar el enfoque de integralidad y de inter-disciplinariedad. No hay una conexión entre el sistema de justicia, el de salud, educativo, etc, y está la incapacidad de conectarse entre ellos.
Los agresores necesitan superar su condición de agresores. El sistema les brinda acompañamiento insuficiente para que supere esa cultura de agresión. No hay una respuesta integral ni desde los actores que tienen que darle respuesta, ni desde las condiciones de vida que tienen las víctimas y los agresores. Por eso creemos que el principal problema que tiene el sistema de atención a la violencia es la incapacidad para responder a la multiplicidad de necesidades de un hogar en condiciones de violencia. Un sistema de atención pensado de esa manera no es un sistema.
ISAURA COTES, Investigadora del programa sobre violencia de CEG-INTEC Se debe reconocer la violencia como un problema. Mientras no se asuma como un problema que afecta los derechos humanos y que tiene su raíz en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y entre otros seres humanos, decimos que todas las acciones que se den van a resultar inútiles. La carencia de un enfoque de derechos en el abordaje de la violencia contra las mujeres y el abuso infantil es lo que conduce a la re-victimización de las personas afectadas, aumenta los riesgos de sufrir violencia y mantiene la ineficiencia e ineficacia en la respuesta de las instituciones llamadas a proteger y garantizar los derechos. Un enfoque inadecuado conduce a respuestas inadecuadas, desacertadas, que lejos de resolver el problema, tienden a perpetuarlo.
MIRIAN CORDONES, Fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo
Como Ministerio Público también podemos insertar programas de prevención. Nos hemos trasladado a las escuelas, hemos dado charlas a los niños sobre las agresiones sexuales, le damos a conocer a los padres ciertos perfiles y conductas que los niños adquieren cuando son objeto de abuso sexual o maltrato. Involucramos a las iglesias, las juntas de vecinos, el sector salud, a todos, para que tengan conocimiento de lo que estamos haciendo, a fin de evitar los casos y cómo acceder al sistema de justicia. Aspiramos a brindar asistencia a los que maltratan, si desean en verdad reparar el daño que han hecho, porque muchas veces no reconocen que tienen un problema de conducta y de agresividad. Más que legislar para penalizar conductas, se debe apoyar los programas de prevención.
Las redes. En la estrategia de redes locales se asume el abordaje de la violencia desde el enfoque de género y de derechos humanos.
En las redes participan representantes del sistema de salud, educación, justicia, policía, municipal, religioso y comunitario.
En ese sentido, el CEG-INTEC, con el apoyo de Philip Morris International está promoviendo de forma gratuita la construcción de redes locales para la erradicación de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, a través programas de capacitación.
“Estamos propiciando la construcción de redes locales de atención a la violencia, para que actúen de manera coordinada, no sólo atendiendo los casos, sino que actúen de manera preventiva”, explica Contreras.
Uno de los programas es el diplomado “Redes Locales para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el abuso Infantil”, que instruye a los participantes sobre cómo abordar de forma integral y articulada (desde sus instancias, sectores y disciplinas) el tema de la violencia.
En el marco del diplomado los participantes realizan un diagnóstico de su comunidad sobre la capacidad de respuesta que tienen las distintas instituciones y organizaciones con responsabilidades directas en la protección y garantía de derechos.
El principal objetivo es aportar a la definición de políticas públicas dirigidas a fortalecer el rol de cada uno de los actores frente a la violencia.
La primera fase del proyecto se inició a principios de este año en los municipios Guerra, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. En este último, las redes realizan una labor importante en el combate a la violencia que se da en el seno del hogar.
En Sabana Perdida, representantes de diversas organizaciones crearon una campaña de sensibilización para ayudar de manera directa a las mujeres y niños que son víctimas de la violencia intrafamiliar.
En esta comunidad el índice de violencia se incrementó en los últimos años, según explica la líder evangélica Betty Berroa, pastora del Centro Cristiano de Restauración Internacional.
“El principal problema es que las personas ‘naturalizan’ la violencia. Cuando uno aborda a una mujer que ha sido violentada entiende como violencia el maltrato físico. Si el esposo no le da golpes, no hay maltrato físico, para ellas no hay violencia”, afirma.
En el municipio Guerra, fiscales, alcaldes, representantes de iglesias y federaciones de mujeres realizaron un plan para modificar, desde el punto de vista académico, el abordaje a la familia y la relación de pareja.
En esta comunidad se registran cada mes un promedio de 100 casos de mujeres que sufren agresión física y verbal.
A juicio del procurador adjunto de la provincia Santo Domingo, en Guerra, José Valdez, para que los planes de lucha contra la violencia intrafamiliar, de género e infantil tengan éxito resulta necesario que todos los sectores responsables de su abordaje se unifiquen a través de la integración y solidaridad.
“La sociedad misma es la que ha construido esa violencia por asuntos culturales y hasta religiosos también; son cuestiones que hay que tomar en cuenta al momento de concienciar o socializar los casos para abordarla de manera directa”, agrega.
Por otro lado, en el sector Educación, las redes locales para la erradicación de la violencia también están funcionando a lo interno de los planteles educativos del municipio.
Instancias que integran la red
Las redes locales se inscriben entre los esfuerzos y estrategias de la Red de Acción por una Vida sin Violencia (REDAVI).
Ministerio de Salud, a través de las direcciones regionales y provinciales, áreas y centros de salud; Ministerio de Educación, a través de las direcciones regionales y provinciales, centros educativos; Ministerio Público y Procuraduría General de la República, a través de los juzgados, tribunales, fiscalías, unidades de atención a víctimas de violencia Policía; Policía Nacional, a través de los destacamentos o representaciones policiales; Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de Tribunales de niñez y adolescencia, organismos interdisciplinarios de atención a la niñez y la adolescencia, como CONANI, entre otros; Ministerio de la Mujer, a través de las Oficinas Provinciales de la Mujer, Oficinas Municipales de la Mujer; Ayuntamientos, a través de sus vice-alcaldías y/o sus departamentos de género; Ministerio de Trabajo; Organizaciones de mujeres, grupos de jóvenes, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, sindicatos o gremios, y organizaciones no gubernamentales.
Yahaira Fabián, encargada del departamento de orientación y psicología del Liceo María Amador Álvarez señala que se está llevando a cabo una labor de seguimiento a los casos de violencia. Para lograrlo, afirma Fabián, se está trabajando en conjunto con los demás sectores para brindar orientación y apoyo emocional a las víctimas.
“A medida que las personas se van enterando que existe una red, van participando. Tratamos dentro de las escuelas de hacer una labor de concientización porque hay muchos que viven en violencia y no lo saben”, agrega.
De igual manera, en Santo Dominigo Este, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales sirve de sede para atender de forma directa los casos de violencia.
Para la coordinadora del Departamento de Delitos Sexuales y de Género, Mirian Cordones, la red de atención ha sido un éxito.
“He visto que ha sido un éxito por la razón de que a diario recibimos llamadas de integrantes de la red para remitirnos algún caso o buscando algún tipo de asistencia. De la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, hay dos miembros de la red. Tienen registro de todos los casos que evidencien algún tipo de violencia y se ponen en contacto con nosotros y hacemos la investigación correspondiente”, agrega.
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