NUEVA YORK.-Un caso que cuestiona el tratamiento que da la República Dominicana a sus ciudadanos de ascendencia haitiana se presentó este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Iniciativa para una Sociedad Abierta (Open Society Justice Initiative) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El caso se centra en Emildo Oguis Bueno, un dominicano de ascendencia haitiana al que se le negó una copia certificada de su acta de nacimiento –un documento esencial para viajar, trabajar o acceder a otros servicios básicos en la República Dominicana– por el registro civil en 2007.
"El caso de Bueno Oguis es emblemático de la discriminación que sufren hoy en día miles de dominicanos de ascendencia haitiana", dijo James A. Goldston, director ejecutivo de la Iniciativa.
“El gobierno dominicano está utilizando toda una gama de tácticas legislativas y administrativas para privar a esa población de sus derechos legales. Sin acceso a sus documentos de identidad, muchos dominicanos de ascendencia haitiana se encuentran en una situación básicamente de apátridas".
Bueno Oguis nació en la República Dominicana en 1975 y es reconocido por múltiples organismos del Estado como ciudadano, de conformidad con la ley. Sin embargo, desde 2007, las autoridades gubernamentales han argumentado que en realidad no tienen el derecho a la nacionalidad dominicana por la condición migratoria de sus padres en el momento de su nacimiento, al aplicar con carácter retroactivo una ley migratoria de 2004 que lo despoja de la ciudadanía.
Está pendiente una audiencia sobre el caso Bueno Oguis promovida ante el Tribunal Supremo de Justicia de República Dominicana por más de quince meses. Después de tres años sin los documentos básicos, Bueno Oguis ha tenido que enfrentar limitaciones inaceptables en sus derechos fundamentales, incluidas restricciones a su capacidad para moverse libremente y su propiedad privada.
El caso Bueno Oguis es la primera denuncia relacionada con la nacionalidad que se presenta contra la República Dominicana ante un tribunal de derechos humanos, desde el histórico fallo de la Corte Interamericana en Yean y Bosico. En ese caso, el tribunal falló en 2005 que el estatuto migratorio de los padres no puede ser un factor en la determinación de la nacionalidad, y consideró que las políticas relativas a la nacionalidad de República Dominicana discriminan racialmente contra los dominicanos de ascendencia haitiana.
"La República Dominicana tiene que cumplir con el espíritu de la decisión de la Corte Interamericana", dijo Ariela Peralta, directora adjunta de CEJIL. "La nueva Constitución despierta preocupaciones adicionales, y esperamos que este caso impulsará un diálogo más productivo sobre cómo el país puede trabajar para poner fin a estas políticas racistas."
La Iniciativa Pro-Justicia trabaja en conjunto con las organizaciones asociadas en la República Dominicana para documentar la negativa y privación de la nacionalidad, dar a conocer el problema de la apátrida, exigir justicia para las víctimas, y abogar por la modificación de las leyes de nacionalidad y políticas discriminatorias.
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