Sicario es el asesino que mata por encargo y es pagado por eso, un fenómeno que en un tiempo fue importando pero que se ha instalado aquí como otro “trabajo” informal cualquiera, porque nos encontró con una debilidad institucional muy grande...
Las últimas declaraciones de los máximos representantes de la Justicia dominicana, refieren la violencia criminal como “negocio”, ya desatada en nuestro país. Por un lado, del Procurador General de la República, reconoce al sicariato, “como causa de grandes estragos que mueve a preocupación a la sociedad y por lo que el gobierno no escatima esfuerzos en combatirlo”, y por el otro, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia cree que, “la muerte por encargo es una realidad en República Dominicana, y opina que la Justicia no es responsable del incremento de la violencia criminal y el narcotráfico”.
Sicario es el asesino que mata por encargo y es pagado por eso, un fenómeno que en un tiempo fue importando pero que se ha instalado aquí como otro “trabajo” informal cualquiera, porque nos encontró con una debilidad institucional muy grande, principalmente originada en la corrupción en los altos, medios y bajitos niveles de la administración del Estado. ¡Qué pena!
El sicariato ya no es una importación de narcotraficantes por ajustar cuentas, ni tampoco un fenómeno aislado. Es una realidad compleja, levantada sobre un conjunto de redes sociales y abarca por lo menos, cuatro tipo de actores/as explícitos/as: contratante, intermediario, ejecutor y víctima, personas estas que pueden ser más y ni conocerse.
Personas expertas en estas lides, dicen que las razones para “encargar” una muerte, también son diversas, como los llamados “ajustes de cuentas”, que pueden ser sociales, políticos, económicos o judiciales ejecutados, por el crimen organizado. Crímenes con niveles de organización sofisticada, con armas de fuego, motores, persecución de la víctima en su vida cotidiana, contrato con costos dependiendo de la “calidad” del sicario y de la intermediación. Las cuentas se ajustan también, por herencias, tierras, repartos económicos o intimidaciones legales, revanchas personales en una sociedad donde la aplicación de la justicia no es creíble por la gran impunidad. ¡Y también inmunidad!
A las instituciones encargadas de seguridad ciudadana, este negocio se les fue de la mano. Las cifras hablan del aumento de homicidios, feminicidios y asesinatos, pero también, de los devastadores efectos de la impunidad, como la trama de redes sociales que decide hacer justicia por sus manos, creando un ciclo que amplia las violencias como mecanismo de defensa.
Esta situación de inseguridad, muestra estrategias de prevención establecidas por el gobierno de manera equivocada, debe reconocerlo y rectificar. Los programas de seguridad ciudadana fueron improvisados, manejados con criterios políticos y sin experticia, en una sociedad desempleada en aumento, con menores y mayores delinquiendo por mucho y poco dinero, ofrecido desde un amplio abanico de “autores intelectuales” que nadie controla.
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