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Los ambientalistas argentinos dejarán libre el paso por la vía que lleva hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos por dos meses. (Foto:Archivo)
La protesta de los ambientalistas argentinos se debe a la instalación de una planta papelera por parte de Uruguay en los márgenes de un río de administración compartida. (Foto: Archivo) Miembros de la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú anunciaron el levantamiento del bloqueo por espacio de 60 días. Ciudadanos uruguayos afectados por el corte de la ruta fronteriza expresaron su satisfacción por el anuncio, pero consideran que la medida no debe ser transitoria, sino definitiva.
Ecologistas argentinos, que mantenían bloqueado un paso fronterizo hacia Uruguay en protesta por la instalación de una planta papelera en suelo uruguayo que consideran es contaminante, anunciaron la noche del pasado miércoles que dejarán libre por 60 días el tránsito por ese corredor binacional.
La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú anunció esta medida luego de que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se mostrara dispuesta a demandarlos, por la renuencia del movimiento ambientalista de levantar el bloqueo de la ruta.
Las autoridades argentinas buscan atender el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el pasado 20 de abril anunció que no está demostrado que las actividades de la planta papelera de la finlandesa UPM, instalada en los márgenes del río Uruguay, cuya administración es compartida por ambas naciones suramericanas, sea contaminante, tal como lo sostienen los ecologistas.
Reunida para tratar la moción de levantar por 60 días el bloqueo del paso hacia la localidad uruguaya de Fray Bentos, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú aprobó la iniciativa por una mayoría de 402 sufragios, frente a 315 de quienes se oponen a liberar la vía fronteriza.
Fuentes de la Asamblea indicaron que varios ecologistas consideran que el bloqueo debe ser liberado, "para que el Gobierno argentino no argumente el corte es un obstáculo para el monitoreo conjunto (por parte de Argentina y Uruguay) de la planta".
Los activistas aprobaron "negociar con el Gobierno" en una extensa asamblea, de clima áspero, días después de que el Ejecutivo de Cristina Fernández demandara penalmente a asambleístas por el bloqueo en protesta por la fábrica, cuya instalación causó el peor conflicto en décadas entre Argentina y Uruguay.
La presidenta argentina se reunió el pasado 2 de junio en las afueras de Montevideo con su homólogo uruguayo, José "Pepe" Mujica, encuentro durante el que Fernández anunció su demanda penal al grupo de asambleístas por sedición, intimidación pública, daños a bienes públicos y otros graves delitos por el bloqueo del paso hacia Fray Bentos, que comenzó en noviembre de 2006.
Previemente, el 28 de abril Fernández y Mujica, reunidos en Buenos Aires, coincidieron en que era necesario acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la papelera, así como consideraron que ambas naciones debían iniciar una nueva etapa en las relaciones entre ambas naciones.
Ante el anuncio de los ecologistas, los ciudadanos uruguayos afectados por la protesta desde 2006, consideraron que es positivo el levantamiento de la medida por 60 días, pero insistieron que el cese del bloqueo de la ruta hacia Fray Bentos debe ser definitivo.
"A nosotros esta decisión nos parece bien", dijo el portavoz de la Asociación de Afectados por el Corte de Fray Bentos, Daniel Fernández, aunque aclaró que la decisión sólo sería buena del todo "siempre que no fuera una medida transitoria".
En los 60 días de suspensión del corte fronterizo, los ecologistas esperan que avancen las negociaciones entre los dos gobiernos para el control conjunto de la fábrica, punto que habían puesto como condición para levantar temporalmente la acción reivindicativa.
El pasado 20 de abril la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la que Montevideo y Buenos Aires habían recurrido por este conflicto, resolvió que Uruguay violó un tratado bilateral suscrito en 1975, el cual establece la administración compartida del río Uruguay, al decidir unilateralmente la instalación de la papelera pero consideró que la fábrica no contamina.
teleSUR-Agencias/MFD
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