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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-
La Organización Cívica, Participación Ciudadana (PC), presentó este jueves su primer informe sobre observación electoral del 2010, en el que pondera la marcha regular del proceso organizativo de las elecciones de mayo próximo.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa, quien leyó el contenido de dicho informe al referirse al proceso organizativo de las elecciones, dijo que el mismo permite sostener que marcha con regularidad cumpliéndose el cronograma planificado con el empeño de superar dificultades como la selección y entrenamiento del personal operativo de los colegios electorales, con el padrón electoral actualizado entregado a los partidos políticos con suficiente anticipación y la casi totalidad de las Juntas Electorales Municipales reorganizadas.
En el proceso organizativo de dicho evento comicial sólo se ha registrado una denuncia partidista por la sustitución de integrantes de la Junta Electoral del municipio de Moca, originada en reclamos por razones de parentesco entre una funcionaria y un importante dirigente y legislador del partido reclamante, indicando que en ese contexto no parece haber razón para cuestionar la actuación de JCE.
“Debe ser reconocido que la Cámara Administrativa de la JCE ha adelantado como nunca antes el proceso organizativo de estos comicios, en la actualización de la tecnología para el procesamiento y transmisión del cómputo, en la adquisición de los materiales, en la preparación de los folletos instructivos, en la campaña educativa y promocional y en el reclutamiento y entrenamiento del personal que operará los 13,250 colegios electorales previstos para estos comicios”, destaca el primer informe sobre la observación electoral 2010.
Asimismo, destaca, que es particularmente relevante que al 19 de enero hubiesen completado la selección del personal técnico necesario para la logística, escaneo, digitación y cómputo electoral, y al cierre de febrero hubiesen captado 122 mil 431 personas en disposición de participar en la operación de los colegios electorales, y que 84 mil 46 hubiesen recibido entrenamiento, de las cuales 75 mil 796 aprobaron la prueba de capacidad.
Señala, además que esa cifra supera en más de 9 mil la cantidad necesaria para trabajar el día de las elecciones en los colegios electorales.
Apunta que esto permitirá superar definitivamente la dependencia de las recomendaciones de los partidos para integrar los colegios electorales, origen de distorsiones que se han venido superando.
Manifiesta, asimismo, que un reto pendiente es lograr un entrenamiento más riguroso que evite los descuadres de una alta proporción de las actas de votación que tanto retrasaron el cómputo final en las elecciones congresuales y municipales del 2002 y 2006, las celebradas tras la institución del voto preferencial por los diputados.
Los ejecutivos de PC apuntan como elemento preocupante, revelador de la precariedad institucional que prevalece en la nación, está el hecho de que una vez más las autoridades electorales han tenido que mendigar ante el presidente de la República la asignación del presupuesto preciso para cubrir los gastos de este proceso electoral, que no fueron consignados en el presupuesto nacional, a pesar de haber sido solicitados oportunamente y reclamados cuando el Congreso Nacional “estudiaba” el proyecto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos del 2010.
Señala que hasta el primero de marzo no se disponía del dinero necesario para financiar los gastos de las elecciones, que serían por lo menos 600 millones de pesos adicionales, según dijo al diario Hoy el presidente de la Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario.
Anota la organización cívica que en febrero la JCE recibió 487 millones de pesos, pero como partida del presupuesto operativo ordinario.
Dice, también, que es significativo que no se dejara de incluir en el presupuesto del 2010 los 1,085 millones de pesos que serán entregados este año a los partidos, en un desproporcionado 80% a los dos mayoritarios que controlan el Congreso Nacional, en alusión obvia a los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, indicando que a las demás organizaciones solamente le entregarán el restante 20%.
Por otra parte, PC indica en su amplio informe que en contradicción con los avances en el fortalecimiento del sistema electoral una vez más se ha abierto una campaña electoral sin la reglamentación que hace años se viene reclamando para garantizar la democracia interna de los partidos, especialmente en la elección de sus dirigentes y candidatos, así como para impedir el abuso de los recursos estatales, establecer límites a la extensión y el gasto de las campañas y hacer transparente el financiamiento a fin de reducir la incidencia del poder del dinero, sobre todo el proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, con las correspondientes sanciones.
Indica que es deplorable que no se haya cumplido lo pactado el año pasado entre los dos partidos mayoritarios para aprobar la Ley de Partidos Políticos que se viene discutiendo hace casi 12 años y que ha sido objeto de numerosos consensos en los escenarios del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), donde han participado no sólo representantes de los partidos políticos, sino también de múltiples sectores de la sociedad civil.
Significa, en este sentido, que ya antes de las elecciones presidenciales del 2008 el sistema partidista boicoteó un esfuerzo de la Cámara Administrativa de la JCE por reglamentar la campaña electoral y su financiamiento bajo el argumento de que era materia de la Ley de Partidos.
Precisa el informe de marras que la consecuencia fue un incremento de los abusos de los recursos del Estado que pusieron en tela de juicio la equidad de la elección.
“Participación Ciudadana sigue considerando fundamental el establecimiento de normativas para la campaña electoral y el financiamiento de los partidos, con serias sanciones para todas las violaciones de los procedimientos democráticos y del medio ambiente, para dar vigencia al derecho a saber cómo se gasta el financiamiento público a los partidos, y para evitar los abusos de los recursos del Estado y la creciente irrupción del dinero procedente de fuentes ilícitas en los procesos electorales”.
Al referirse a la ley electoral, Sosa indicó que PC ha visto con satisfacción los esfuerzos que ha hecho la JCE para hacer respetar dicho instrumento legal en cuanto a la cuota de candidaturas reservada para enmendar parcialmente la escasa representación de la mujer en la gestión pública y para contener el tráfico de electores hacia municipios de menor población, pero tenemos que lamentar la decisión, con precaria mayoría de un voto, que tiende a flexibilizar el requisito básico del nacimiento o la residencia en la circunscripción donde se postula cada candidato.
Asimismo, apunta como muy positivo y valiente el rechazo de la solicitud de los dos partidos mayoritarios para que se les permitiera cumplir la cuota femenina del 33% en el total de las candidaturas y no en cada nivel, lo que hubiese relegado a las mujeres a las posiciones de menor relieve.
También reconoció PC la resolución de la JCE que revocó más de 7 mil traslados de electores hacia municipios de menor población, práctica que en los comicios del 2006 quedó evidenciada como una nueva marrullería política encaminada a aumentar posibilidades de partidos y candidatos con amplios recursos económicos para trasegar personas.
Recordó que hace 4 años se comprobó que miles de trasladados no eran residentes de los lugares donde fueron llevados a votar en autobuses, significando que la ocurrencia de ese fenómeno fue más grave por cuanto en múltiples municipios y hasta provincias las elecciones se decidieron por escasas decenas y cientos de votos.
Sin embargo, PC, deploró la decisión de modificar el proyecto de reglamento que establecía como condición para aceptar las candidaturas congresuales y municipales que los nominados aparecieran en el padrón electoral de la circunscripción correspondiente.
Señala el documento que se trata de una brecha por donde se pretende colar a extraños de la comunidad, mediante el recurso de testimonios interesados, destacando que va en detrimento de la Ley Electoral de Municipios y el DN, así como del principio de la represtación.
Por último, señalan que han asistido a un intenso trajinar de varios meses, donde lo que ha prevalecido es el debate de cuotas de poder y de ninguna forma el interés de sumar fuerzas para impulsar proyectos que superen las graves carencias sociales, económicas e institucionales de la nación.
En la actividad estaban presentes la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo incluyendo a su director ejecutivo, licenciado Javier Cabreja.
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